Los agricultores de Cataluña exigen más ayuda por la sequía.

El olor a alcachofas asadas flota a lo largo de una fila de docenas de tractores estacionados en el centro de Barcelona, ​​mientras la música rock suena a todo volumen en los parlantes y se sirve vino en vasos de plástico.

El escenario es festivo, pero esto es una protesta, no una fiesta. Cientos de agricultores catalanes han llegado a la capital de su región para expresar sus quejas, entre las que destaca el clima.

“Ahora nos encontramos en una situación en la que tenemos una sequía total”, dice Xavier Oliva, un productor de alcachofas que posee tierras en las afueras de la ciudad. “Si no llueve no se puede sembrar nada.”

Oliva y sus colegas están protestando por una serie de cuestiones, incluyendo lo que consideran regulaciones agrícolas demasiado estrictas de la UE. Pero la amenaza más inmediata para su profesión es la falta de agua, y están pidiendo ayuda más directa del gobierno regional.

A finales de enero, el nivel de agua de los embalses que abastecen a Barcelona y las localidades circundantes en el sistema de la cuenca Ter-Llobregat había caído de media por debajo del 16% de su capacidad.

El gobierno regional de Cataluña respondió declarando el estado de emergencia que afecta a alrededor de seis millones de personas. Esto provocó la introducción de una serie de restricciones sobre el uso del agua.

Para los ganaderos, eso significa que solo se les permitirá consumir la mitad del agua que normalmente usarían, y para los agricultores como el Sr. Oliva, significa reducir el uso de agua en un 80%.

“Sembraremos un 80% menos de lo normal, o incluso menos”, afirma Oliva, que forma parte de la cooperativa agrícola de El Prat, mientras mira hacia los próximos meses.

“Nos está acercando cada vez más a una situación en la que tendremos que cerrar nuestras granjas”.

Otras medidas introducidas como parte del estado de emergencia incluyen limitar la cantidad de agua que los ayuntamientos permiten consumir por día a 200 litros por persona, y reducir la presión del agua en las ciudades donde el consumo ha sido particularmente alto. Además, se están regulando los caudales de los ríos, reduciéndose considerablemente sus caudales.

Durante el último año ya se han implementado una serie de restricciones, con fuentes decorativas apagadas y controles estrictos sobre el riego de jardines y parques y el uso de agua para limpiar las calles. Sin embargo, las nuevas medidas, que incluirán la llegada de barcas cargadas de agua desde otras regiones españolas si la sequía continúa, son mucho más drásticas.

“Queríamos ser cautelosos y luego empezar a anticipar, planificar y estar preparados para los peores escenarios, como el que tenemos ahora”, dice Meritxell Serret, ministra de Acción Exterior de Cataluña.

Cataluña tuvo una sequía en 2007-08, pero solo duró alrededor de la mitad de esta, que comenzó en el otoño de 2020, y es la peor desde que comenzaron los registros hace más de un siglo.

Un plan de sequía para 2021 elaborado por el gobierno regional tiene como objetivo gestionar el impacto del actual período de precipitaciones anormalmente bajas. Se han modernizado los sistemas de riego, se han reparado las fugas en las tuberías de agua y se prevé invertir un total de 2.400 millones de euros (2.600 millones de dólares; 2.000 millones de libras esterlinas) para aumentar la capacidad de producción de agua en la región para 2027.

En Cataluña se ha hecho un importante esfuerzo por diversificar las fuentes hídricas alejadas de las precipitaciones, de modo que el 55% del consumo en la zona afectada por la sequía se cubre con agua desalada y reciclada, y se espera que dichas fuentes dupliquen su producción en los próximos tres años.

“Lo que hemos estado intentando subrayar durante los últimos tres años es cómo prepararnos para estos escenarios de sequía, cómo ser más resilientes ante las expectativas negativas sobre el cambio climático en el Mediterráneo”, afirma Serret.

Las temperaturas están aumentando en la región mediterránea un 20% más rápido que el promedio mundial, según el Programa Climático de la ONU. Otras zonas de España, como la región sur de Andalucía, también están sufriendo sequía, aunque hasta el momento sólo Cataluña ha declarado el estado de emergencia.

En las afueras de Barcelona, ​​Canaletas, una empresa que fabrica y exporta fuentes para beber, está implementando las nuevas normas impuestas por el gobierno regional, entre ellas una reducción del 25% en el consumo de agua por parte de las industrias.

“Esa reducción del 25% en el uso de agua, creo que la industria puede adaptarse a ella -no toda, al menos la mayoría- si es por poco tiempo”, afirma el propietario de la empresa, Jordi Morera. “Pero si esto continúa indefinidamente será un problema grave”.

Canaletas, que emplea a 45 personas, está instalando contadores de agua en su fábrica para evaluar dónde se pueden ahorrar. Morera dice que en los retretes y los baños se reducirá mucho el uso de agua.

Sin embargo, le preocupa la viabilidad de las nuevas directrices. “Si su empresa aumenta su producción o su personal, reducir [el consumo de agua] será imposible”, afirma.

Otros líderes empresariales creen que la industria debería ser compensada por el impacto de la sequía y las restricciones en el uso del agua.

“Es necesario tomar medidas para compensar los daños causados ​​a las empresas mediante ayuda financiera formal”, afirma Jaume Roura, presidente de la UPM, la patronal de la industria del metal de Barcelona.

Roura también afirma que el Gobierno catalán debería haber actuado con mayor rapidez en cuestiones como las fugas en los oleoductos de la región. Su asociación está evaluando actualmente el posible efecto de la sequía en la industria.

“Aparte de la producción industrial en sí, el agua es necesaria para todo el funcionamiento de la industria (sanidad, personal, alimentos) y por eso estamos tratando de entender exactamente qué tan grande será el impacto de esto”, afirma.

Sin embargo, una consecuencia de la que está seguro es que menos agua significará precios más altos. “El consumidor del producto final tendrá que pagar el aumento de costes provocado por la falta de agua en la cadena de producción”, afirma.

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